Las evidencias de Ñacunday

Un tema complejo. Aquí no se trata de buenos contra malos. O de la derecha contra la izquierda. Eso sería caer en un análisis en exceso simplista.

Aquí hay variables que no se pueden obviar, como son los enormes intereses económicos, las mezquindades y proyectos políticos bien específicos, en un año con fuerte componente electoral.

Pero también intervienen las necesidades reales de los labriegos, muchos de ellos víctimas de postergaciones y de la larga ausencia del Estado en sus zonas; son resultado del aislamiento, la falta de educación, de la carencia de un acompañamiento técnico y de protección legal ante la invasión extranjera con mucho capital. Claro que entre ellos tampoco faltan quienes ya fueron beneficiados con alguna expropiación o adquisición de inmueble, y que lo perdieron o malgastaron por incapacidad o corrupción.

Más allá de la cuestionable metodología que se está fomentando en ese lugar, con las invasiones y el latente uso de la violencia como recurso, Ñacunday, además de revitalizar el saludable debate sobre la tenencia de tierra, saca a la luz problemas graves, como son la inexistencia de títulos y documentos que avalen la posesión legal de las tierras en Paraguay -un problema real y de larga data-, y, por otro, la falta de confianza hacia las instituciones públicas afectadas, en este caso de Catastro Nacional y el Indert, que deberían gozar de alta credibilidad por su rigurosidad técnica, pero que nunca fueron realmente fortalecidas y reestructuradas en su momento y con los recursos necesarios para ello.

Ningún productor o propietario honesto, con sus papeles en regla y deseos de justicia social, debería oponerse a una mensura, pues urge transparentar y sanear este tema en Paraguay. La justa distribución de la tierra y el respeto a las leyes, entre ellas, la de la franja de seguridad fronteriza, son aspectos irrenunciables, y todo paraguayo, brasiguayo o menonita debe apoyarlos, a no ser que tengan algo que ocultar.

Pero para ello, es vital la claridad y la transparencia de las acciones del Gobierno, el que no puede jugar a dos puntas. En este momento urge brindar a los afectados e involucrados todas las garantías necesarias de que se busca la justicia y el respeto a las leyes; para los productores y los campesinos.

Porque lo razonable es considerar todos los factores. No podemos olvidar tampoco que detrás de los carperos están personas con dignidad; hay familias y niños que merecen respeto. El deseo de justicia del ser humano, y todo lo que ello moviliza, es siempre positivo. Pero si ese ímpetu, propio de su naturaleza, es manipulado o tergiversado para beneficio de intereses o ideologías particulares, se convierte en factor destructivo, de decepción.

El conflicto en Ñacunday ha llegado a estos niveles de tensión por decisiones equivocadas del presidente Lugo, cuyo gobierno, con casi 4 años de gestión, no logró desarrollar, y mucho menos ejecutar, una política agraria seria y transparente, libre de manejos politiqueros e intereses de autoridades de turno y amigos temporales del poder.

Gustavo Olmedo

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