Revisión segura

Guiado por el movimiento "vamos a ser prácticos alguna vez", esta semana hemos tenido una prueba más que demanda inteligencia aplicada a la solución de los problemas nacionales: la revisión de los vehículos. En este proyecto están las dificultades nacionales todas concentradas: falta de planificación, ausencia de racionalidad, escasa capacidad organizativa, ley no aplicable, posibilidad para evadir, irracionalidad en el proyecto, malos cálculos, etcétera.

Si pretendemos controlar todo el parque automotor nacional, que nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende, se requerirá tener capacidad para despachar casi ¡cinco mil vehículos por día! Cifra imposible, lo que vuelve impracticable la norma, a pesar de sus buenos propósitos.

Los municipios chillan porque van a tener que cobrar menos: solo 20.000 guaraníes de una revisión que deja pingües beneficios a la empresa encargada. El final ya sabemos: la norma será derogada y los tontos que fueron a revisión serán los únicos engañados al igual que aquellos que pagan por supuestos excesos de velocidad en Ypacaraí o Ñemby.

Vamos a la solución pragmática. Si lo que se pretende es que todo vehículo que circule tenga garantías de buen estado de funcionamiento lo que hubiéramos hecho es pasar una ley que establezca el seguro obligatorio para todo vehículo que circule por calles y rutas. Esto estará por supuesto en manos de empresas aseguradoras que tendrán pólizas para distintas coberturas, estableciéndose el mínimo de daños contra terceros como cuestión obligatoria. La empresa de seguros tendrá su taller, donde se inspeccionará cada vehículo previo al otorgamiento de la póliza. Una parte económica de dichos controles irá a las arcas del municipio donde el propietario reside. Con esto logramos tres cosas: 1- El seguro obligatorio, ya que Paraguay es el único país en Sudamérica que no tiene. 2- El control real del autovehículo, porque si la aseguradora no lo hace va contra su negocio. Y, 3- El mecanismo permite que aquel conductor cuyo vehículo protagoniza un accidente sea sancionado con una póliza más cara cuando renueve anualmente la misma. Y, además hay una ventaja extra: la cantidad de dinero recaudable superaría los 80 millones de dólares anuales que colocados en bancos y financieras harán que la disponibilidad y costo del crédito sea mayor.

Con este sencillo esquema ganamos todos. La gran pregunta es: ¿Quién y por qué tendría alguien de buenos propósitos oponerse al mismo? Si partimos de la buena fe, este sistema daría seguridad al control, facilitaría los mecanismos establecidos para dicho propósito, modernizaría el sistema y además generaría ingresos para mover la economía. Todo pasa por una simple ley de unos 10 artículos que el Congreso -que parece haber recuperado la racionalidad luego de votar por el desbloqueo- tendría que pasarlo sin inconvenientes.

Vamos a resolver el país de manera práctica y sospechar de aquellos que afirman que "esto no se puede, que solo se hace fuera de esta nación y por gente más seria y educada que nosotros". Todo eso no es cierto y habría que desconfiar seriamente de aquellos que con sistemas como el propuesto, en realidad, lo que quieren en verdad es crear dificultades para "vender" facilidades.

Benjamín Fernández Bogado

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