El fin de semana me invitaron a formar parte de un nuevo grupo en las redes sociales que tiene como objetivo protestar por la implementación de la nueva ley que le da facultades a la Dinatrán para organizar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) a los rodados particulares que circulan por el país.
La mayoría de los que forman parte de este grupo, centran sus quejas y reclamos en el costo excesivo que tiene este servicio que estará a cargo de empresas particulares en los diferentes municipios, tal como ya viene ocurriendo en Asunción desde hace algunos años.
Otro punto observado por los afectados señala que mal pueden nuestras autoridades exigir a los automovilistas mantener sus vehículos en buenas condiciones, cuando no ponen el mismo empeño para mejorar el estado de nuestras calles.
Incluso se pone en duda la legitimidad de la nueva ley, puesto que según la propia Carta Orgánica de la Dinatrán, su área de competencia se limita al transporte público de pasajeros y transporte de cargas que circulan por las rutas del país y no la autoriza a regular la circulación y seguridad de vehículos particulares. Esta función, según la Ley Orgánica Municipal, debe estar a cargo de los municipios del país cuyas atribuciones están garantizadas por la propia Constitución Nacional.
Por eso, no deja de llamar la atención la pasividad con la que las autoridades municipales han actuado durante todo el proceso de estudio hasta la sanción final de la ley. Recién ahora quieren protestar pero no porque estén a favor de los ciudadanos, sino porque no están de acuerdo con el porcentaje económico que les va a corresponder.
En tanto, la reacción ciudadana también llega tarde, pues recién cuando nos afecta el bolsillo nos movilizamos y exigimos justicia.
Pero, lamentablemente, esto tampoco es novedad, pues lo mismo ocurre con el estudio de otras leyes que muchas veces son tratadas en el Congreso y pasan desapercibidas hasta llegan donde más nos duele.
