Instituciones subvaloradas

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La falta de rigor que permitió crear universidades, sin mayores recaudos en los últimos 6 años, y sin posterior control sobre la calidad educativa que ofrecen, tiene detrás un deliberado retaceo por parte de las autoridades nacionales, que otorgan nula importancia a dos instituciones claves en este ámbito: el Consejo de Universidades y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

La primera tiene que dictaminar y acreditar sobre las instalaciones físicas requeridas para abrir una universidad, los estatutos de funcionamiento, si los recursos humanos son calificados y si la institución a crearse demuestra tener viabilidad económica. Conforme a su dictamen, el Congreso Nacional habilita una universidad. También tiene que dictaminar si están reunidos los requisitos para crear una carrera y solicitar al Poder Ejecutivo la intervención de una universidad, en caso de que desnaturalice sus fines o viole la ley.

En tanto que la Aneaes tiene a su cargo evaluar y acreditar la calidad académica de las instituciones de educación superior que se someten a su escrutinio, y producir informes técnicos sobre proyectos académicos de habilitación de carreras e instituciones.

Ambas instituciones dependen administrativamente del Ministerio de Educación que, si juzgamos por sus respectivos presupuestos y la cantidad de funcionarios que tienen, fácilmente podemos llegar a la conclusión de que es la propia secretaría de Estado la que no otorga mucha relevancia al Consejo ni a la Aneaes.

Esta actitud contribuye a que los legisladores, que analizan y deciden los montos del Presupuesto General de la Nación, terminen otorgando el sello de marginalidad a ambas entidades. Algo que no les resulta difícil puesto que muchos de los parlamentarios están involucrados directa o indirectamente en el "negocio" de las universidades. De ahí que cuanto menos se potencie al Consejo de Universidades y a la Aneaes, será mejor para sus intereses. Habrá menos control y menos necesidad de ajustarse a los indicadores de calidad que rigen para cada una de las carreras.

Prueba de cuanto decimos es que el Consejo de Universidades dispone de un presupuesto de 300 millones de guaraníes para un año. Cifra que en un 95 % alcanza solo para cubrir servicios personales, asesores técnicos y funcionarios administrativos.

La institución funciona en un local de la Universidad Nacional de Asunción, institución que termina subvencionándole alquiler, luz, agua y teléfono; lo que no es correcto, considerando que el Consejo debe dictaminar sobre los proyectos de creación de universidades y carreras, por tanto, no debería estar alojado en una de ellas.

La institución cuenta solo con 3 asesores rentados y 3 funcionarios. En estas condiciones, lejos está de ser expedito y eficiente en la misión que se le confiere.

Por su parte, la Aneaes tiene 16 funcionarios, debe contratar evaluadores nacionales y extranjeros para fiscalizar las carreras, y pagar una dieta simbólica de G. 1.500.000 a cada uno de los 5 miembros de su consejo directivo, que dedican entre 6 a 10 horas semanales de su tiempo a la Agencia. El promedio de honorarios de un evaluador internacional es de 1.000 dólares, libres de pasaje, movilidad, hospedajes, etc., que también corren por cuenta de la institución. El presupuesto que maneja la Agencia es de poco más de 3.000 millones de guaraníes.

Aun con la limitación de recursos, la Aneaes evaluó este año a más de 30 carreras. Si tuviera mayores recursos, podría formar más personal calificado en evaluación y dinamizar los procesos de fiscalización y certificación de la calidad académica de carreras de la salud, ingeniería, arquitectura y en general aquellas profesiones cuya práctica pueda significar daños a la integridad de las personas y a su patrimonio.

Si se otorgara mayor valor al control y a la certificación de calidad, no habría la proliferación de universidades que existe hoy, ni se multiplicarían los institutos superiores o se estudiaría medicina bajo cualquier tinglado. Corregir esto que los propios legisladores provocaron pasa en gran medida por dotar de un mejor presupuesto a las dos entidades.

Susana Oviedo

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