DE LA EXCEPCIÓN A LA INVIABILIDAD

La declaración del estado de excepción es una cosa grave en cualquier estado de derecho: es reconocer que los instrumentos legales y la voluntad política no coinciden para hacer frente a una conmoción interna o una amenaza externa. Es como si saltaran los fusibles de un sistema diseñado para resolver cuestiones que van desde la insurgencia de grupos armados hasta el ataque internacional.

La figura tiene además una connotación autoritaria antes conocida como estado de sitio, donde las garantías constitucionales se dejan a un lado y en donde es posible incluso que personas detenidas opten por salir del país antes que enfrentar los cargos a nivel local. Estamos ante un pico de presión que debe llevar a la clase política a una profunda reflexión en torno al sistema democrático y su necesidad de preservarlo a cualquier costa.

Debería ser también una campanada de alerta y una urgente revisión de las políticas de seguridad del gobierno de Lugo que han probado en la práctica haber sido no solo rebasadas, sino sus integrantes operativos burlados de manera casi morbosa por los delincuentes.

Es además el tiempo de la sinceridad del presidente de la república con el país; él debe decirnos no solo que no tiene nada que ver con estos grupos, que si lo fuera, no solo sería escandaloso, sino razón para desalojarlo del poder inmediatamente; además debe explicarnos cuánto conocía a estos dirigentes de sus tiempos obispales y cuánto coincidió con sus métodos. Mientras no lo haga, ni militares y menos aun los desmoralizados y quebrados policías harán nada ni en 30 ni 60 días.

El Ejecutivo tiene que demostrar verdadera voluntad, y ella solo parte de la sinceridad de reconocer antiguos vínculos y mostrar una auténtica vocación democrática repeliendo la violencia y el miedo que muchos paraguayos tienen hoy cuando observan una notable incompetencia de las fuerzas del orden para atrapar y castigar legalmente a quienes han hecho del terror una forma de vida.

Un prófugo herido de dos balas puede burlar a mas de 150 policías en medio de la "selva chaqueña"; ya pueden imaginarse lo que pueden hacer los 18 buscados en el monte subtropical de Concepción y Amambay. Es evidente que las desavenencias entre los ministros de Defensa e Interior en torno a la ayuda de expertos colombianos constituye una muestra más para desconfiar de las verdaderas intenciones del Ejecutivo en torno a la captura de los integrantes del EPP. Si el Estado no interviene los asentamientos, no toma distancias de dirigentes indiciados de estar amparados en la ilegalidad, pero que participan de los festejos celebratorios del triunfo electoral, poco podrá avanzarse en la consolidación de la democracia y, por el contrario, cada día se estará socavando el sistema para instalar una dictadura en el país.

Lugo está jugando al límite, y a pesar de la boutade de Carrizosa de afirmar que le habían sacado al presidente varias veces "las pestañas del fuego" y no las castañas, como dice el refrán, estos 30 días serán claves para observar el verdadero compromiso de acabar con la guerrilla. Si no vemos resultados en ese tiempo, la respuesta tendrá que ser otra para acabar con la incompetencia, inutilidad y falta de voluntad que se han mostrado hasta ahora, al punto de concluir para muchos que existe una clara complicidad del Estado con los terroristas, que ya han puesto de rodillas a este país y burlado a la población honesta y trabajadora.

Si no se logran resultados en un mes, el país habrá pasado de la excepción a la inviabilidad, y en ese terreno todo será posible... menos el derecho.

Benjamín Fernández Bogado

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