DISPAREN CONTRA GIUZZIO
Opinión
Nada suena más hipócrita que ciertos parlamentarios advirtiendo sobre el inminente quiebre del Estado de derecho. Sobre todo cuando la advertencia se basa en el discurso altisonante de un líder campesino cuya única fuerza radica en su capacidad de movilizar doscientas o trescientas familias que sobreviven en la más absoluta indigencia, adoctrinadas más por el hambre que por las consignas.
El Estado de derecho no está bajo riesgo en Paraguay porque aquí el Estado de derecho no existe. Y su ausencia nada tiene que ver con los fantasmas de la izquierda.
No se puede hablar de un Estado de derecho cuando quienes nos gobiernan no se someten a la ley; cuando la esquivan mediante sus fueros, o gracias a una red de magistrados cuya designación y permanencia en el cargo dependen de la voluntad de esos mismos gobernantes, o gracias a la manipulación de la información pública perpetrada groseramente por sus cómplices en los medios. No se puede hablar de un Estado de derecho cuando la jurisprudencia tiene menos valor que el diario de ayer; cuando la interpretación de la letra de la ley depende de la cara del cliente, de sus vínculos políticos o de cuánto está dispuesto a pagar.
No se puede hablar de Estado de derecho mientras ocurran casos como el del ex senador liberal Juan Manuel Marcos.
El hombre fue acusado de haberse alzado con una universidad privada. No sé si la denuncia es verídica, pero no viene al caso. Lo cierto es que Marcos esquivó durante años a la Justicia amparado en los fueros que sus colegas se negaron a retirarle. Ese solo hecho destroza el Estado de Derecho. Los parlamentarios no pueden ser sometidos a juicio como cualquier hijo de vecino. Salvo que así los decidan sus pares, quienes se atribuyen sin empacho el rol de magistrados.
Marcos ya no tiene fueros. La suerte le fue esquiva en las últimas elecciones. Y un fiscal se animó a tomar la denuncia en su contra: Arnaldo Giuzzio.
Entraron a funcionar entonces los demás mecanismos de defensa. Los abogados de Marcos ya presentaron una denuncia contra el fiscal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, entidad controlada por la clase política.
Casi puedo asegurar que la suspensión de Giuzzio es inminente.
Pero la historia no termina aquí. Para despachar a Giuzzio todavía falta crear el ambiente. Se necesita destruir su prestigio. Coincidentemente, desde la prensa se inició una campaña en su contra. Básicamente, le acusan de no tener resultados. Citan para ello una docena de casos en los que quienes abortaron la investigación fueron los jueces de primera o segunda instancia, o la misma Corte Suprema de Justicia, o el Parlamento con su negativa de desaforar a los acusados.
Según la publicación, empero, Giuzzio es el culpable de que todo el sistema judicial no funcione.
De todos los fiscales que realizan barbaridades a diario con el inocultable fin de dejar libres a los delincuentes, eligen a uno de los pocos que parece intentar lo contrario.
Los responsables de la "investigación" aseguran que se trata de iniciar una "crítica objetiva" a la labor del Ministerio Público.
Y de paso, casi como un inevitable efecto colateral, justificar que a Giuzzio le saquen del caso de Marcos.
¿Y este es el Estado de derecho que está bajo riesgo?.
Ojala se desplome.
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